Tras los nuevos escándalos el Vaticano reconoce la existencia de unos 20.000 curas pedófilos

Aunque sea cada vez más común, no por ello hemos de obviar la actitud pedófila de la Iglesia católica. Según ha reconocido el Vaticano, este tipo de abusos suele llevarlos a cabo, como mínimo, el 4% de sus sacerdotes, lo cual supondría unos 20.000 implicados en todo el mundo. Tras los escándalos conocidos Estados Unidos y Australia, que tuvieron que acallarse con fuertes cifras de dinero, recientemente ha surgido otro nuevo en Irlanda. Que se sepa, en el caso irlandés, se ha podido demostrar que durante 70 años miles de menores sufrieron este tipo de vejaciones. Durante este tiempo, más de 35.000 niños se vieron sometidos a abusos sexuales, torturas físicas y psíquicas en instituciones estatales —escuelas públicas, orfanatos y centros para enfermos mentales— regentadas por la iglesia irlandesa. Tras una ardua investigación que ha costado 9 años y 70 millones de euros se ha demostrado que, aunque era algo conocido, en su día se optó por la ley del silencio. Sin embargo, ahora que es un secreto a voces tampoco parece que se vaya a hacer mucho al respecto, puesto que ningún agresor será llevado ante el juez, perpetuándose así la connivencia entre el Estado e Iglesia irlandeses. En España, aunque aún no ha habido denuncias masivas como en estos países, siete sacerdotes ya han sido condenados por este motivo, si bien aquí la noticia no ha trascendido tanto. Y es que por mucho que lo reclame su profeta, no dejéis que los niños se acerquen a ellos…

El gobierno prorroga el funcionamiento de la central nuclear de Garoña cuatro años más

La decisión sobre el cierre de la central nuclear de Garoña (Burgos) parece estar tomada, si bien no ha gustado ni a los defensores de este tipo de producción energética, ni mucho menos a sus detractores: se le ha otorgado una prórroga para que siga funcionando durante 4 años más. Tensa ha sido la espera, y a medida que nos acercábamos a la fecha tope para tomar la decisión, las declaraciones en uno u otro sentido eran más cotidianas.
Bajo la medida de qué hacer con esta central nuclear, que llega a su vida máxima prevista inicialmente —40 años—, se escondía en realidad otra cuestión: el futuro de nuestro modelo energético. Inmersos en una plena crisis económica, con un desempleo en alza, un consumo eléctrico también en aumento y con la coartada del cambio climático, los defensores de la energía nuclear han aprovechado estas circunstancias para convertir esta pequeña central, que durante 2008 produjo sólo el 1,4% de la energía eléctrica que consumimos, en un emblema. En realidad su existencia, hoy día, es absolutamente prescindible, y ni el cierre de Vandellós I, que tantos quebraderos de cabeza nos dio, ni el más reciente de Zorita, levantaron tanto revuelo.
Poco antes de que se le acabara el permiso de funcionamiento un informe del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) intentó declinar la balanza recomendando una prórroga de 10 años. Sin embargo, y aunque resulte una paradoja, hay quien sostiene que se sabe más del funcionamiento de muchas centrales extranjeras, principalmente de EEUU, que de la propia central burgalesa, con lo que cierta duda habría que tener, cuanto menos, ante la sugerencia del CSN. Por otra parte, utilizar la coartada de la pérdida de puestos de empleo, precisamente ahora, ha sido la última opción que le quedaba a Nuclenor, la sociedad a la que pertenece la central, formada a partes iguales por Endesa e Iberdrola. Con unos comités de empresa entregados a la causa de defender los pocos puestos de trabajo que genera, una vez más el choque entre los intereses sindicales y los medioambientales han salido a flote demostrándonos que desgraciadamente hoy día, si la conciencia de clase sólo aparece cuando la pérdida del empleo afecta a uno mismo, la del respeto hacia el entorno y hacia las próximas generaciones parece aún imposible. Al parecer, dentro del dilema sobre qué ha de privar a la hora de tomar este tipo de decisiones para ese tipo de sindicalismo priva más la supervivencia de un empleo asalariado —aunque vaya a ser reconvertido— antes que la de un legado radiactivo que perdurará durante miles de años con el consiguiente peligro para la vida, puesto que aún no se ha encontrado una solución segura para sus desechos.
Se ha dicho que la decisión que se ha tomado ha sido ideológica, y aunque de trasfondo pueda serlo, no ha sido así. El buscar una decisión salomónica con un «se cerrará, pero de entrada no» es simplemente otra decisión electoralista. Dentro del gobierno y del propio PSOE ha habido voces contrapuestas, entre ellas la del ex jefe de gobierno Felipe González, quien en su día aprobó una moratoria nuclear y ahora se pasea por Europa convertido en un firme defensor de este tipo de energía. También se ha dicho que ante la imposibilidad de contentar a todos, Zapatero se ha visto en la tesitura de mediar en la decisión e incluso en su propio gobierno, optando por aplazar el cierre definitivo de Garoña para no ponerse trabas en su reelección. Si en este debate interno parecía que el cierre iba a llegar en 2011, finalmente ha sido pospuesto dos años más, dejando así la papeleta al gobierno que salga elegido en las próximas elecciones generales. Porque no nos engañemos, por más que se diga que su cierre es «irreversible», varios técnicos han criticado que en la orden ministerial aprobada no aparece nada que haga referencia a esa irreversibilidad. De hecho tan sólo se impone a Nuclenor que antes de 2012 realice «un programa preliminar de actuaciones» que lleve a cabo el cierre. El debate, pues, sigue en cierta forma ahí, y más después de que desde el Partido Popular se haya anunciado que, de conquistar la Moncloa en las urnas, llevarían a cabo las recomendaciones del CSN hasta que este organismo considere oportuno el cierre de Garoña. Además, con una orden ministerial de este tipo, los futuros presidentes de gobierno tendrán siempre una baza que les otorgará la última decisión sobre cuándo cerrar una central nuclear.
Entre tanto, cuanto más tiempo pasa más riesgo hay de accidentes. El que ninguna aseguradora se quiera hacer cargo de los daños derivados de un accidente en este tipo de centrales no es un hecho casual. De nada sirve pues que intenten convencernos de seguridad, puesto que no lo son y siempre habrá factores, internos y externos, que la ponen en entredicho. Desde las habituales averías y fugas —ahí están los parones de las centrales nucleares catalanas durante los últimos meses para corroborarlo—, hasta posibles movimientos sísmicos; y eso sin considerar un ataque exterior, puesto que siempre serán un objetivo militar a destruir con el consiguiente escape radiactivo que generarían.
Lo que hoy pocos niegan es que es el momento de hacer un replanteamiento sobre nuestro futuro energético, ya no sólo aquí, sino a nivel mundial. En Europa este tipo de debate también existe, y si en Alemania se opta por apostar por las energías renovables a la par que se van cerrando las nucleares, en Francia, donde el peligro nuclear no se ve de la misma forma y se sigue confiando en este tipo de energía, se está aprovechando la oportunidad para vender reactores a Libia, que hasta hace poco figuraba en la lista de «países terroristas».
Mientras tanto, el gobierno español ha anunciado que dentro de la planificación energética que quiere acometer presentará en otoño un plan estratégico que abarcará hasta el año 2030, y en él, presumiblemente y en una línea similar a la del gobierno alemán, se optará por incidir en el desarrollo de las energías renovables, donde varias empresas emergentes nacionales, ocupan un destacado lugar a nivel mundial. No obstante, para no acrecentar las opiniones contrapuestas, dado que ya ha levantado el veto para alargar la vida nuclear de Garoña, es probable que haga lo mismo con aquellas centrales que vayan acercándose a la fecha prevista de su cierre. Con las prórrogas se mitigaría, en cierta forma, el resquemor de tener que asumir ese cambio en nuestro modelo energético. En cuanto a los puestos de trabajo que se perderán, y siempre partiendo del compromiso del gobierno, se iría estudiando en cada caso la solución más factible. En el de Garoña, aunque aún no hay ninguno sobre la mesa, se habla de mejorar las infraestructuras de la zona y el turismo, y se ha dicho que será anunciado en breve. El objetivo es conseguir una reconversión laboral similar a la de Zorita, donde por cierto, aunque ya no se encuentre en funcionamiento, aún siguen trabajando la mitad de sus operarios en espera de que termine el período de enfriamiento necesario para proceder a su lento desmantelamiento. El resto, según Unión Fenosa, propietaria de la antigua central, ya han sido recolocados.
Volviendo al cierre de Garoña, la respuesta inmediata de Nuclenor ha sido la de anunciar un recurso contencioso-administrativo ante los tribunales competentes y en contra de la orden ministerial. Esta actuación jurídica, anunciada con anterioridad a la decisión del gobierno para presionarle, ocurrió también tras el cierre de Zorita, si bien su propietaria terminó por retirar el recurso.
Sin embargo, podas dudas deberían haber. Cada día existen alternativas tecnológicamente más maduras, que si bien necesitan más inversión, ya están demostrando su eficacia. Son fuentes energéticas renovables capaces de generar una energía más limpia y segura que la que hoy tenemos, más económica que la nuclear y menos contaminante que los combustibles fósiles. Ahí están la energía solar fotovoltaica, la solar termoeléctrica, las eólicas terrestres y marinas, la geotérmica, la biomasa, etc. Varios modelos a utilizar según su ubicación que permitirían una distribución de la energía más descentralizada y cercana al consumidor. Avanzar hacia ellas es la solución. Y de aquí al cierre paulatino de las nucleares, que va para largo, hay tiempo para irnos preparando para el fin de una energía que es peligrosa, sucia, cara, generadora de dependencia energética y de pocos empleos, que goza de un fuerte rechazo social y que es incompatible con un modelo energético sostenible.
¿Puede haber dudas al respecto que no respondan a intereses económicos de particulares?

José María Fidalgo dará clases a directivos y empresarios como pago por sus años de servilismo

El ex líder de CCOO, José María Fidalgo, ha llegado a un acuerdo con el Instituto de Empresa, escuela privada de negocios que tiene como objetivo formar a empresarios y directivos. Así pues, el antaño «sindicalista», cómplice de las últimas reformas laborales, se ocupará de impartir clases a quienes, supuestamente, debería de haberse enfrentado años atrás para exigir mejoras sociales. Fidalgo, que formará parte del Centro de Negociación de dicho instituto, desvelará a futuros empresarios cómo afrontar las negociaciones con los sindicatos, desvelando los entresijos de las mismas para que el empresariado pueda obtener mayores beneficios económicos en detrimento de sus empleados. Como anécdota, hay que destacar que el precio de los Másters que se imparten en dicho centro oscila entre los 30.000 y 60.000 euros, cifras que sólo pueden costearse los hijos de las clases más acomodadas. Aunque la noticia sea indignante por la traición que supone hacia la clase trabajadora y su propio «sindicato», no es del todo sorprendente. Su predecesor en el cargo, Antonio Gutiérrez, acabó dando el salto a la política para integrarse en el PSOE y pasar a ser diputado por ese partido. No obstante, en el caso de Fidalgo, queda claro que su nueva ocupación es el pago de la patronal a su servilismo demostrado durante los años que estuvo al frente de CCOO.
En vista de ello, a más de uno nos gustaría emular el garrotazo que recibió por parte de un despedido en Sintel durante un 1 de Mayo de 2003. Al fin y al cabo su profesión real es la de cirujano ortopédico y traumatólogo.