El Parlamento Europeo despenaliza la llamada «piratería digital» sin fines lucrativos

El Parlamento Europeo ha aprobado un proyecto de directiva un tanto ambiguo, pero en el que la llamada «piratería digital» podría quedar excluida como delito. En la presentación de este informe parlamentario, presentado esta misma semana, se ha declarado que el intercambio de archivos entre usuarios por Internet, siempre que no sean para actividades lucrativas, podrían quedar exentos de responsabilidad penal. El resultado en la votación de la directiva fue de 374 votos a favor, 278 en contra y 17 abstenciones. Lo más curioso del caso —y también sospechoso—, es que entre los primeros estaban los diputados del los grupos Popular y Socialista europeos, quienes han considerado que la inclusión del término «actividades no lucrativas» en la redacción es suficiente para evitar que se penalice el intercambio de música o películas por Internet. Sin embargo, la directiva sí se aplicará a quienes actúen con fines lucrativos contra la propiedad intelectual de productos culturales, el software, el textil o los perfumes, fijándose penas de cuatro años de prisión para los delitos considerados graves y multas de hasta 300.000 euros. Quizá por ello algunos diputados han criticado la ambigüedad de la directiva aprobada, añadiendo que «no da garantías para el ciudadano particular». Y es que aunque se considere que el uso no lucrativo de los ficheros quedaría exento de sanciones, el redactado del texto, y el continuo acoso legal en algunos países de la Unión Europea a los usuarios, podría contradecirse con la directiva.
De lo que no cabe duda es que ante el creciente aumento del intercambio de ficheros, la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), así como las multinacionales de la música y del cine, han vuelto a recibir una bofetada a sus últimas exigencias. Entre ellas, las de la Academia del Cine y los empresarios de este sector, que hace tan sólo unos días manifestaban que el intercambio de películas es «el sida que corroe los cimientos» de su industria. A esta declaración se sumaron la totalidad de asistentes a la primera Mesa del Cine, a la cual también asistió Carmen Calvo, ministra de Cultura. Desde allí se reivindicaron medidas policiales y jurídicas más veloces y eficaces para frenar nuestra libertad de compartir lo que queramos y con quien queramos por Internet. Según el sector cinematográfico, durante el año pasado se «piratearon» —por utilizar su terminología— 132 millones de copias, o lo que es lo mismo, una media de 3 películas anuales por ciudadano. Esta cifra nos situaría en el primer país europeo en el intercambio de este tipo de archivos. En algo bueno tendríamos que destacar, tal y como está el precio de una butaca por ver una película precedida de numerosos anuncios…

La Generalitat catalana subvencionará a las empresas con mayor índice de siniestralidad laboral

A pesar de que las muertes en accidente laboral siguen aumentando en Catalunya, recientemente se han conocido los planes del Departament de Treball de la Generalitat catalana que no dejan de ser, por dulcificar el término, «sorprendentes». Si bien es sabido que existe una lista negra de empresas donde la siniestralidad es más alta, lejos de forzar una sanción económica ejemplar o una paralización forzosa de sus actividades hasta que se subsanen los riesgos de sufrir un accidente, parece ser que ahora pretenden «obligarles» a pasar por ventanilla para otorgarles créditos subvencionados. Justificándolo en que se otorgarán para facilitarles la realización de mejoras en materia de seguridad, una vez obtenidos, si las empresas reducen su siniestralidad en un 20%, se les premiará además con dos años sin inspecciones laborales. Durante ese período los inspectores sólo visitarán la empresa cuando haya un accidente —es decir, cuando ya sea tarde para evitarlo—, o exista alguna denuncia de por medio —algo cada vez más inusual, puesto que la solicitud de una inspección laboral ha de ir acompañada ahora del nombre y apellidos del solicitante, reduciéndose así la posibilidad de reclamarlas por miedo a un posterior despido—. El desglose de los créditos subvencionados, que se solicitarán al Institut Català de Finances, será de un 80% en concepto de préstamo y el 20% restante como subvención pública. Lo indignante del caso es que la Administración, en lugar de actuar directamente, pretende financiar con dinero público parte de las reformas que deberían haber hecho, precisamente, quienes fomentan el alto índice de mortalidad laboral en sus empresas. Pero qué esperar de quienes ven en ello una mera estadística que sólo preocupa porque daña nuestra economía. Así lo ha vuelto a manifestar Mar Serna, la consellera de Treball, al declarar que «…la economía va bien, pero tenemos un déficit grave en la salud en el trabajo que pone en peligro la calidad y la continuidad del crecimiento y condiciona la competitividad con unos costes muy altos.». A tenor de tales declaraciones, y puesto que ella también cobra de nuestro sueldo, no estaría de más sugerirle una seria inspección neurológica, su salud mental también nos concierne a todos. Los accidentes laborales, y menos aún la mortalidad, no son ni una fría estadística que va en detrimento de los beneficios empresariales, ni un negocio administrativo, sino la desgracia de quienes han de subsistir trabajando en pésimas condiciones por culpa del egoísmo de la patronal y de la dejadez administrativa.

El acoso al movimiento libertario catalán continúa. Libertad Núria Pòrtulas

El pasado 7 de febrero, Núria Pòrtulas, una joven de Sarrià de Ter (Girona) era detenida por los mossos d’esquadra. La detención se producía cuando regresaba a su casa en coche después de una manifestación realizada en Olot. En ella se exigía la libertad de Juan Antonio Sorroche, un amigo de su misma localidad que lleva ya 1 año preso y a quien la justicia italiana está reclamando su extradición tras acusarle de un acto de sabotaje en aquel país.
Para mayor indignación de sus allegados, a sus familiares se les habría informado, por parte de la Conselleria d’Interior de la Generalitat, de que en el atestado policial había pruebas concluyentes que «justificaban» su detención. Una vez conocido el mismo, y tras habérsele intervenido tan sólo una libreta con apuntes sobre su amigo y alguna octavilla de propaganda anarquista repartida durante dicha manifestación, se producía el registro de su vivienda habitual —una casa okupada de Girona— y la de sus padres, en Sarrià de Ter. Al no encontrarse material explosivo con el que fundamentar su retención, la policía tuvo que aducir que en su ordenador y teléfono móvil había supuestas pruebas de culpabilidad, todo ello con el objetivo de que se le decretase prisión condicional. Asimismo, que se haya podido saber, el atestado policial es una mera predicción de la policía autonómica donde se detallan qué les lleva a pensar que Núria podría haber realizado, en el futuro, acciones terroristas.
Desde el primer momento se han organizado muestras de protesta. Entre otras, las manifestaciones realizadas en Girona, Barcelona y Maó, donde varios centenares de personas exigieron su inmediata puesta en libertad. No obstante, las denuncias públicas también se están centrando contra Iniciativa per Catalunya-Els Verds, partido político al que sustenta la Conselleria d’Interior y que está llevando una actitud tan ambigua como interesada con respecto a la Ley Antiterrorista.
A dos meses largos desde que se produjese su detención, también ha sido presentado públicamente un manifiesto firmado por más de 2.000 personas, colectivos e instituciones. Si aún no lo has hecho, aún estás a tiempo de descargártelo y firmarlo a través de Internet.
Para más información, http://elsud.org/nuri

Si quieren más productividad, que igualen nuestras condiciones laborales a las de la «zona euro»

Desde siempre, la principal preocupación de cualquier empresario ha sido incrementar la productividad de sus empleados, dado que ello redunda en los beneficios que pueda obtener. Si bien últimamente ésta y la flexibilidad laboral son unas de las principales reivindicaciones de la patronal, en vista de los últimos estudios aparecidos, merece la pena detenerse en la primera. En torno a ella, y analizándola en base al número de horas trabajadas, la prensa acostumbra a publicar determinados estudios que hacen hincapié en que los trabajadores españoles están a la cola en cuanto a productividad en comparación con sus socios comunitarios. Tanto los estudios realizados desde la Administración pública como de algunas empresas de trabajo temporal (ETT) y entidades financieras, así parecen demostrarlo. Los últimos datos publicados por IESE-Adecco nos cuentan que nuestra productividad ha caído un 0,2%. En cuanto al IESE, conviene aclarar que es una escuela internacional dedicada a la formación de líderes empresariales; y en cuanto a Adecco, más conocida, una empresa de trabajo temporal, también internacional, que se enriquece prestando a quienes por necesidad se inscriben en su bolsa de trabajo. Una vez aclarado esto, sigamos con las estadísticas. Según dicho estudio, realizado sobre siete países europeos —Alemania, España, Francia, Italia, Polonia, Portugal y Reino Unido, lo que supone un 75% de la población y del producto interior bruto de los 25 socios comunitarios—, estaríamos junto a Italia en la cola del mismo, siendo los países con un mayor porcentaje de productividad Alemania y el Reino Unido. Lo indignante del asunto es que el informe, utilizando esos datos, pretenda hacernos creer que éste es el principal motivo de que nuestro salario real lleve congelado diez años.
Si cotejamos estos datos con otros estudios, no es casual que los países con una jornada laboral inferior sean, precisamente, los que tienen una productividad/hora más elevada. Tal y como se reconoce en un informe del BBVA, a lo largo del año trabajamos 336 horas más que los trabajadores alemanes —1.774 horas frente a 1.438, para ser más explícitos—.
En cuanto a estudios realizados desde la Administración pública, la Oficina Europea de Estadística (Eurostat) ha constatado que los asalariados españoles trabajan una media de 38,2 horas a las semana, es decir, 2 horas más de media que en el resto de los 25 países de la Unión Europea. Para colmo, según los datos del Centro de Investigaciones Sociológicas, el 50% de los asalariados españoles realiza horas extras, no cobrándose en la mitad de estos casos ninguna compensación económica por ello.
En definitiva, tal y como se desprende de dichos estudios, trabajamos más horas que la media europea, nuestro salario real tiene el mismo poder adquisitivo de hace 10 años y encima nos exigen que aumentemos nuestra productividad. Que empiecen por «motivarnos» reduciendo nuestra jornada laboral y equiparando nuestros salarios y vacaciones a los de la llamada «zona euro». Menos cara dura.

El nuevo Estatuto del Empleado Público incorpora los peores conceptos del sector privado

El Congreso de Diputados ha aprobado el nuevo Estatuto del Empleado Público, mediante el cual se regularán las condiciones laborales de más de 2,5 millones de trabajadores de la Administración. Aunque en la redacción su contenido guardaba un gran parecido por el presentado por el Partido Popular (PP) en 1999, todos los grupos parlamentarios han dado su aprobación al mismo a excepción de éste, si bien no hay duda de que más que preocuparse por la pérdida de derechos laborales lo ha hecho por mostrarse crítico de cara a los electores. Aprovechándose de la mala fama atribuida a los funcionarios, el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, ha calificado que la nueva ley será «una herramienta esencial para mejorar la calidad en la prestación de los servicios públicos a los ciudadanos». Sin embargo, de lo que trata el nuevo Estatuto es básicamente de trasladar conceptos de la empresa privada como la productividad, pruebas de selección y creación de cargos directivos al sector público. En este sentido, los empleados podrán perder su puesto de trabajo y ser obligados a desempeñar otras actividades, algo que hasta ahora sólo podría autorizarse mediante un expediente disciplinario o una sentencia firme. Asimismo, se ampliarán las pruebas de selección de personal, añadiéndose la superación de cursos selectivos, la exposición curricular de los candidatos, las pruebas psicotécnicas y las entrevistas personales. En cuanto a la creación de puestos directivos, no sería de extrañar que la nueva figura del «jefe-funcionario», además de fomentar el ejecutivismo, acabe convirtiéndose en un comisario político dentro de la Administración. En materia salarial habrá doble manga para contentar a los socios de gobierno y no levantar asperezas entre distintas comunidades autónomas. Así pues, se regularán unas retribuciones mínimas e iguales para todas las Administraciones —central, autonómica y local—, dejando en manos de cada una de ellas las complementarias. Será aquí donde podría premiarse la docilidad de los nuevos directivos ateniéndose a la especial dificultad técnica que desempeñan, su progresión laboral y/o el grado de interés o esfuerzo demostrado. Bajo cualquiera de estos conceptos está contemplado que se reglamenten dichos complementos salariales. No obstante, lo más espinoso será la valoración de cuánto y cómo se produce antes de ser relegado a otras funciones. Para ello bastará con no pasar una serie de «evaluaciones», donde es previsible que la docilidad y sumisión se conviertan también en notas evaluables para conservar el puesto de trabajo. Tampoco deja de ser curioso que queden exentos de esta reforma los funcionarios garantes del sistema, es decir, los militares, los policías y los jueces, quienes se regirán por una legislación específica.

Las tarifas de telefonía móvil en España están muy por encima de la media europea

Según el último informe de la Comisión Europea sobre telecomunicaciones, las compañías de telefonía móvil que operan en España tienen unas tarifas muy por encima de la media del resto socios comunitarios. En el estudio, realizado durante el año pasado, se recogen las tarifas más baratas de las dos compañías con más implantación en cada país y, en función de su consumo, se desglosa después el perfil de sus clientes en alto, medio y bajo. Pues bien, en los tres casos citados el perfil de las dos operadoras con más usuarios en España —Movistar y Vodafone— se sitúan considerablemente por encima de la media. Las diferencias llegarían hasta un 48% para los clientes de un alto consumo; un 30% para los de un consumo medio, y hasta un 18% para los de bajo consumo. Sin embargo, y dado que en el citado estudio no se contempla la enorme subida de tarifas «consensuada» por las operadoras desde el pasado 1 de marzo, es lógico pensar que esta diferencia es aún mucho mayor. Como es sabido, en esa fecha, para contrarrestar la pérdida de beneficios ante la llamada Ley de Mejora de la Protección de los Consumidores y Usuarios —con la que se ponía fin a la práctica abusiva del «redondeo» en el cobro de las llamadas—, las principales compañías de telefonía móvil en España aplicaban «curiosamente» el mismo aumento de sus tarifas ante la total pasividad del gobierno. Desde entonces, hemos pasado a pagar 15 céntimos por el establecimiento de llamada en lugar de los 12 que se venían cobrando, o lo que es lo mismo, un aumento del 25% por ese concepto —cuando en la mayoría de países no se cobra por nada por ello—, y del 20% en otros servicios, como es el caso del coste de cada llamada por minuto. Una desfachatez que ha sido ya tildada de «situación de dominio conjunta» por varias asociaciones de consumidores y que llevaba, no con todo el éxito deseado, a un boicot generalizado del uso del teléfono móvil durante ése mismo día.

El gobierno alemán consigue que su Parlamento retrase la edad de jubilación hasta los 67 años

El trámite parlamentario para ampliar la edad de jubilación en Alemania ha finalizado. Hace tan sólo unos días el Bundersrat (Cámara Alta del Parlamento alemán), aprobaba el aumento progresivo de la edad de jubilación hasta los 67 años, en lugar de los 65 como también venía siendo habitual en dicho país. En este afán generalizado por retrasar nuestro acceso a una pensión, el gobierno germano se convierte así en uno de los primeros países europeos en dar ese paso, algo que era de prever dado que durante el pasado mes de noviembre la Cámara Baja (Bundestag) ya había dado su beneplácito. Como es de esperar, la medida no ha sido bien acogida, Alemania cuenta con más de 4 millones de desempleados, y prolongar la vida laboral contribuirá a incrementar considerablemente dicha cifra. Quizá, por aquello de hacer más digerible el aumento de la «condena laboral», la medida se irá aplicando progresivamente y a razón de un mes por año. De esta forma, los nacidos en 1947 serán los primeros en retirarse con 65 años y 1 mes cotizados, estando previsto que el aumento de la «vida laboral» finalice en el año 2029 con los nacidos en 1967. No obstante, ante las declaraciones que hace unas semanas realizaba el ministro de Economía germano, no sería de extrañar que esta misma ley, a medio plazo, vuelva a ser revisada con el objetivo de retrasar aún más la edad de jubilación.

Cinco años después el «Decretazo» del PP ha sido rechazado por el Tribunal Constitucional

Cinco años después, el llamado «Decretazo», la reforma en materia de desempleo que intentó imponer el gobierno del Partido Popular (PP), ha recibido otro varapalo. En esta ocasión ha venido del Tribunal Constitucional, desde donde se ha sentenciado en su contra alegando que se hiciera sin el habitual «diálogo social» cuando en realidad no era urgente. A modo de recordatorio, hay que decir que tras varios intentos por alcanzar un consenso entre gobierno, patronal y «sindicatos», estos últimos se vieron empujados a organizar una mal llamada «huelga general» que consistía, sin embargo, en un paro de 24 horas efectuado el 20 de junio de 2002. El intento del gabinete de Aznar por imponerlo llevó a su gobierno a presenciar el único paro generalizado efectuado durante su paso por la Moncloa. Entre los puntos que se pretendían reformar estaba un recorte de la indemnización por despido y de la prestación del desempleo. En cuanto al primer aspecto, se ceñía el cobro de los salarios de tramitación tan sólo a los casos en los que el despido fuese declarado improcedente por un juez. No obstante, el aspecto quizá más polémico —y que aún permanece latente en el subconsciente de más de uno— era el segundo, dado que se pretendía obligar a aceptar un trabajo en un radio de 30 kms o que estuviese a menos de 2 horas de desplazamiento bajo amenaza de perder el subsidio por desempleo. Asimismo, cuando se hubiese alcanzado un año desde el inicio de dicha paga, el servicio público de empleo podría haber ofrecido puestos distintos a los de la profesión del trabajador previa realización de un curso de formación. En caso de rechazarlo alguna vez, se le reduciría considerablemente el subsidio, dejando de percibirlo a la tercera negativa. En cuanto a los llamados «eventuales agrarios» —salvo en Andalucía y Extremadura por el coste electoral que podría suponerles— se pretendía reducir progresivamente hasta su extinción las ayudas por desempleo. Ante la mala imagen ofrecida en su intento de introducir el «Decretazo» sin el calzador del «diálogo social», el PP se vio forzado a retirarlo por la puerta trasera y llevarlo al Parlamento, desde donde se extraeron con pinzas los puntos más conflictivos. No obstante, ello no impidió que por parte de la Junta de Andalucía y de diputados del PSOE, IU y Grupo Mixto se siguiese adelante con la denuncia presentada en su día, habiéndose tenido que esperar hasta hace unos días para conocer el «epitafio constitucional».

El Gobierno invertirá nuestro Fondo de Reserva de Pensiones en Bolsa

La confabulación institucional para traspasar parte el superávit del Fondo de Reserva de las Pensiones a la Bolsa es tan bochornosa como unánime. Después de que el gobierno, partidos políticos y «agentes sociales» pactasen un empeoramiento de nuestras pensiones —para lo cual alegaron una futurible quiebra económica de dicho sistema económico—, ahora, en vista de los beneficios que están generando nuestras cotizaciones, pretenden invertirlos en bolsa, y esperemos que no sea precisamente para fomentar dicha quiebra. Actualmente, el superávit del Fondo alcanza los 40.334 millones de euros —tan sólo el mes pasado se recaudaron 176 millones más de lo previsto—, y la tendencia, según el secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, es que siga en aumento durante los próximos años. Hasta ahora, los beneficios obtenidos de nuestras cotizaciones sólo podían destinarse a la llamada Deuda Pública, una modalidad de inversión estatal que otorga estabilidad a cambio de un interés fijo, aunque algo inferior al de la Bolsa. Sin embargo, para traspasar nuestros ahorros a manos privadas, el Gobierno está ultimando una ley que ya está en su recta final, estando previsto que sea aprobada en el Congreso antes del próximo verano y que entre en vigor durante el próximo año. Como tapadera se ha buscado que sólo se invierta en compañías comprometidas con su entorno social y medioambiental, una excusa de nula credibilidad con la que pretenden justificar lo injustificable: que los ahorros de los trabajadores pasen a formar parte del capital de las empresas privadas más poderosas, las mismas que fomentan la explotación y el deterioro de nuestras condiciones laborales. Algo insólito pero que sin embargo, ante el aletargamiento de la clase trabajadora, terminará colando. Y es que para seguir en ese bucólico sueño llamado «paz social» se están atando los últimos cabos, que no son otros que ultimar las negociaciones con la patronal, CCOO y UGT, ante lo que cual cabe preguntarse, ¿qué obtendrán nuevamente estas dos últimas «agencias de trabajadores» a cambio de dar su beneplácito?