El aumento de la videovigilancia es vertiginoso. Aunque a simple vista resulte un cómputo bastante cercenado, desde la Agencia Española de Protección de Datos (AEFD) se afirma que si en el 2006 eran 700 las que se tenían censadas, un año después este número creció hasta las 5.000, calculándose que en 2008 ya habrían superado las 15.500 videocámaras registradas, si bien otras muchas que no se recogen en esta cifra carecen del permiso para ser instaladas. Según la AEFD, que acaba de presentar una guía que recoge algunos criterios prácticos y recomendaciones a fin de dar un matiz democrático a una ley que abusa del control ciudadano, el 90% de las videocámaras estarían colocadas en empresas privadas, especialmente en los sectores de turismo y hostelería, comercio, sanidad y comunidades de propietarios. La guía insiste en la obligatoriedad de informar sobre la captación de imágenes mediante carteles informativos y de la prohibición de utilizar estos mecanismos de videovigilancia en espacios públicos, además de alertar sobre algunos espacios calificados de «sensibles» como los escolares y los gimnasios.
miércoles 25 de febrero de 2009
La videovigilancia, con o sin permiso oficial, está creciendo a un ritmo vertiginoso
El aumento de la videovigilancia es vertiginoso. Aunque a simple vista resulte un cómputo bastante cercenado, desde la Agencia Española de Protección de Datos (AEFD) se afirma que si en el 2006 eran 700 las que se tenían censadas, un año después este número creció hasta las 5.000, calculándose que en 2008 ya habrían superado las 15.500 videocámaras registradas, si bien otras muchas que no se recogen en esta cifra carecen del permiso para ser instaladas. Según la AEFD, que acaba de presentar una guía que recoge algunos criterios prácticos y recomendaciones a fin de dar un matiz democrático a una ley que abusa del control ciudadano, el 90% de las videocámaras estarían colocadas en empresas privadas, especialmente en los sectores de turismo y hostelería, comercio, sanidad y comunidades de propietarios. La guía insiste en la obligatoriedad de informar sobre la captación de imágenes mediante carteles informativos y de la prohibición de utilizar estos mecanismos de videovigilancia en espacios públicos, además de alertar sobre algunos espacios calificados de «sensibles» como los escolares y los gimnasios.
