La mala fama de la policía autonómica catalana sigue aumentando. Al margen de la habitual represión de sus antidisturbios, los juicios contra los mossos d’esquadra continúan adelante, demostrándose en ellos un abuso de poder cada vez más evidente. Uno de los últimos casos enjuiciados ha sido el de 3 agentes que detuvieron ilegalmente a un joven, en la discoteca Bikini de Barcelona, hace ahora dos años. Una vez en comisaría, y tal como se ha podido demostrar, sufrió un trato vejatorio, amenazas personales y recibió un fuerte cabezazo de un agente antes de recibir varios golpes. Por este motivo, la sentencia ha condenado a 3 años de prisión a una agente y a 4 años a otros dos, obligando a pagar 60 euros a la víctima por haber agarrado antes de la detención a uno de ellos cuando iba de paisano, pero a recibir 2.000 euros de indemnización. Como suele ser habitual, el Departament d’Interior ha decidido recurrir la sentencia al Tribunal Supremo.También ha salido a la luz durante estos días el caso de otro agente que utilizó su destino, en la oficina de atención ciudadana de la comisaría de Plaça de Catalunya, para exigir parte del botín a unas carteristas. Tras una relación sentimental con una de ellas, menor de edad, empezó a coaccionarlas, habiendo sido acusado durante el juicio de robo con violencia e intimidación, desvelar secretos y posible tráfico de drogas. Una vez en libertad y después de pagar 6.000 euros de fianza, ha sido imputado nuevamente, esta vez por un caso de pornografía infantil al habérsele descubierto diversos vídeos en su ordenador personal.
Ante tantas denuncias y juicios vinculados con la policía autonómica catalana, en un alarde de corporativismo policial, los sindicatos policiales de la guardia civil y de la policía nacional han intentado, torpemente, quitar importancia al asunto. Desde el Sindicato Unificado de Policía se ha declarado que «Si todos los cuerpos aplicáramos los controles de los mossos, habría un porcentaje equivalente de denuncias». Por su parte, desde la Asociación Unificada de la Guardia Civil se ha manifestado que «lo único que prueban los juicios es que tienen –en referencia a los mossos– controles que funcionan bien». Mal de muchos, consuelo de tontos, dice un conocido refrán.
Sin embargo, es cierto que los abusos de poder y los casos de corrupción no son exclusivos de los mossos d’esquadra. Las recientes detenciones de dos policías nacionales, acusados de sobornos, son un ejemplo. En la actualidad uno de ellos ocupaba el cargo de jefe de las comisarías locales de Cataluña después de haber dejado el cargo de la Unidad contra las Redes de Inmigración y Falsificación, y se le imputan delitos relacionados con prostitución, tráfico ilegal de inmigrantes y vulneración de derechos laborales.
Volviendo a la policía autonómica, los casos de denuncia antes citados no van a ser los últimos en los que se cuestionen sus métodos de actuación. De momento los jueces han condenado ya a 15 mossos en tan sólo tres meses, y tienen otros 15 casos esperando ser enjuiciados. Para colmo de la policía autonómica, la gota que puede haber colmado el vaso ha sido la de las últimas imágenes difundidas durante el desalojo y manifestaciones contra el Plan Bolonia, que han costado el cargo de Rafael Olmos, director general de la policía catalana. A pesar de ello, y por preservar la credibilidad en su policía, el Govern de la Generalitat y todos los partidos políticos del Parlament de Catalunya han vuelto a remarcar su confianza y credibilidad en este cuerpo policial.
